El sistema electoral mexicano se compone por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Institutos Públicos Electorales Locales (OPL) -que se encargan de las elecciones locales-. Ambas instituciones trabajan en conjunto en los procesos electorales; sin embargo, los recortes presupuestales desde el nivel federal, conllevan a diversos retos de operatividad de los mismos.
En el caso del OPL del estado de Querétaro, se caracteriza por ser el doceavo organismo más caro en su presupuesto por ciudadano con 264 pesos. Poco más de la mitad del primer sitio nacional que es Campeche con 553 pesos; así como casi el doble del último sitio nacional que es Guerrero con 147 pesos en gasto por ciudadano.
Una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que la complejidad de las dinámicas electorales, además de condiciones estructurales como la violencia política, imponen diversos desafíos para los OPL en el 2025.
Por su importancia para la democracia el IMCO construyó una serie de propuestas para mejorar la coordinación del INE y los OPL e impulsar un mejor sistema electoral de cara a próximas jornadas.
Uno de los principales desafíos que enfrentaron los OPL fue la restricción presupuestaria. Dado que el presupuesto es aprobado por los congresos locales, los institutos tienen brechas en los recursos disponibles para llevar a cabo las elecciones de acuerdo con sus particularidades.
Aquellos OPL que no contaron con los recursos necesarios, se vieron obligados a ajustar ciertas actividades e hicieron planes para adaptarse y garantizar un proceso electoral lo más exitoso posible. Ejemplos:
En 2024, Campeche mostró el presupuesto por ciudadano más alto con 553 pesos, seguido de Baja California Sur con 402 pesos. Por otro lado, Guerrero evidenció uno de los más bajos con 147 pesos en gasto por ciudadano en su OPL en 2024.
Mientras que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero no contó con presupuesto aprobado para 2024, lo que puso en riesgo la organización de elecciones y requirió la solicitud de presupuesto al Ejecutivo estatal a través de ampliaciones.
En 2024, el INE identificó 12 estados que tuvieron un riesgo por insuficiencia de recursos presupuestarios. Estos son Campeche, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas.
También se identificaron diversos desafíos operacionales, como es la contratación y capacitación de personal temporal para los procesos electorales, específicamente, la selección y contratación de Supervisores Electorales Locales (SEL) y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), dado que no existe oferta de trabajo suficiente para llenar las vacantes.
Además, los OPL tienen limitación de remuneración para el personal eventual establecida por el INE, lo cual afecta a algunos estados en los que los salarios no resultan competitivos por las condiciones del mercado laboral.
La contratación de material electoral representó un desafío para los OPL por los tiempos ajustados derivados del calendario de trabajo con el INE. Esto se agudizó dada la tardanza y el incumplimiento de empresas proveedoras en algunos casos.
Cabe recordar que los OPL han sido, además, origen de importantes innovaciones en materia electoral. Por ejemplo, la credencial de elector con fotografía fue una iniciativa ideada en el Instituto Electoral de Baja California. También, la metodología de conteo rápido conocida como PREP casilla fue una estrategia diseñada e implementada por el Instituto Electoral de Guanajuato.
El IMCO detalla que algunas de las maneras de poder subsanar los desafíos de los OPL son reestructurar el límite establecido por el INE para la contratación del personal eventual a nivel local; modificar las legislaciones estatales, de forma que se establezca un requerimiento mínimo presupuestal para los OPL que integre los gastos administrativos, de inmuebles, materiales electorales, sueldos de capacitadores y financiamiento para partidos políticos.
Además de definir con mayor anticipación la logística para la entrega de materiales electorales, asegurando una planificación eficiente y oportuna en conjunto con los Organismos Públicos Electorales Locales, así como implementar mecanismos efectivos de comunicación y coordinación al interior de los OPL.
También se tienen desafíos externos como es la violencia política, cuya atención requiere la acción coordinada de diferentes instancias, incluyendo las autoridades de seguridad pública estatales.
Aunque los OPL tienen entre sus funciones promover la participación ciudadana, existen condiciones estructurales como la crisis de los partidos políticos o las dificultades geográficas para acceder a las casillas electorales que dificultan o limitan la votación.