El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, señalando que los delitos más representativos a los diversos locales empresariales en el país son del fuero común y los daños causados, así como la percepción sobre la inseguridad y desempeño institucional, entre otros factores.
Al comparar con 2021, en 2023, la tasa de prevalencia disminuyó en 3 entidades federativas, aumentó en 10 y no tuvo cambios en 19. En 2023, las tasas más altas, por cada 10 mil unidades económicas, se registraron en Sonora, con 3,728; Aguascalientes, con 3,638, y Querétaro, con 3,462. Las tasas más bajas se presentaron en Tamaulipas, con 1,756; Oaxaca, con 1,810, y Guerrero, con 1,825.
Mientras que en 2021, la prevalencia delictiva en unidades comerciales, señala que Querétaro, registro la cifra de 3,220 delitos, ubicándose en el séptimo sitio nacional; a diferencia del tercer lugar nacional en 2023.
El delito más frecuente a nivel nacional fue extorsión, con una tasa de prevalencia delictiva de 1,562 por cada 10 mil unidades económicas. Siguieron robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, con 1,030, y robo hormiga, con 1,002. Dichos delitos concentraron 58.8 por ciento de los ocurridos contra las unidades económicas. En Querétaro, fue la extorsión y el robo de mercancía.
El INEGI estimó que, en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito. Lo anterior equivale a 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. Este mismo porcentaje en 2021 fue de 24.6.
Durante 2023 se cometieron 2.9 millones de delitos asociados a las 1.3 millones de unidades económicas que fueron víctimas de delitos. En otras palabras, la tasa de concentración fue de 2.2 delitos por unidad económica víctima.
Se estima que, en 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124.3 mil millones de pesos (0.51 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)).
Se estimó que las unidades económicas realizaron un gasto de 67.2 mil millones de pesos en medidas preventivas. El costo promedio del delito por unidad económica, a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas durante 2023, fue de 54,451 pesos.
En materia del costo por los delitos a las unidades económica, en Querétaro, se alcanzó los 68,919 pesos; ubicándose como la sexta más alta del país; el líder en costo es Guanajuato con 82,915 pesos; el de menor impacto es Oaxaca con 22,681 pesos.
Los establecimientos que reportaron la mayor tasa de victimización fueron los del sector Comercio, con 31.5 por ciento. Siguieron los que se dedican al sector Industrias manufactureras, con 21.6 por ciento y al sector Servicios, con 24.2 por ciento.
Durante 2023, 47.3 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito. Por su parte, el porcentaje de las medianas fue 49.0; de las pequeñas, 40.7 y de las micro, 26.3.
Las unidades económicas del sector Servicios tuvieron la mayor concentración de delitos
(2.4 delitos por unidad económica víctima). Ahora bien, por tamaño, las unidades económicas las grandes registraron mayor frecuencia de victimización (4.1 delitos por unidad económica víctima).
En 2023 se denunció 12.2 por ciento de los delitos ocurridos. De estos, en 79.4 por ciento de los casos las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos (mp) abrieron carpetas de investigación. Del total de delitos, se abrió carpeta de investigación en 9.7 por ciento de los casos de extorsión.
En 90.3 por ciento de delitos ocurridos (2.6 millones) no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación, a lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra. Al compararla con la de 2021, el cambio no resultó significativo. Este comportamiento fue similar por gran sector y por tamaño de las unidades económicas, a excepción de las pequeñas: estas indicaron una disminución de cifra negra de 89.2 a 86.8 por ciento.
Del total de delitos denunciados ante las Fiscalías estatales o Ministerios Públicos por parte de las unidades económicas víctimas, en 59.8 por ciento de los casos no sucedió nada con la carpeta de investigación o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Lo anterior equivalió a un total de 213 mil delitos de los 357 mil que se denunciaron.
Entre las razones por las que las unidades económicas no denunciaron el delito ante las autoridades destacaron, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, la pérdida de tiempo, con 33.4 por ciento, y, dentro de otras causas, el haberlo considerado delito de poca importancia, con 14.9 por ciento.
De los 2.9 millones de delitos estimados, en 40.7 por ciento de los casos, una o varias empleadas o empleados, o las personas propietarias, presenciaron el hecho delictivo. En términos absolutos, lo anterior representó 1.2 millones de delitos.
En 1.2 millones de delitos, empleadas, empleados o personas propietarias de la unidad económica víctima estuvieron presentes al momento de ocurrencia de estos. De ellos, en 5.3 por ciento de los casos hubo agresión física. El total de estos casos fue de 62.8 mil. Asimismo, en 18.6 por ciento, las o los delincuentes portaban algún tipo de arma (29.8 por ciento con respecto a los delitos en los que aplica el uso de arma). De los delitos en los que la o el delincuente portaba arma, en 20.6 por ciento de los casos, esta se utilizó.
A nivel nacional, se estima que 59.1 por ciento de las unidades económicas (2.8 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia son los problemas que más las afectan. Además, 37.6 por ciento de las unidades económicas respondió que la falta de apoyos del gobierno se considera como el segundo gran problema que enfrentan. Del total de unidades económicas a nivel nacional, 69.4 por ciento percibió como insegura la entidad federativa en la que opera, lo que equivalió a 3.3 millones de unidades económicas.