El estado de Querétaro, se caracteriza por ser la entidad con el costo más alto a su impuesto al carbono, a diferencia de los otros 10 estados que cobran este gravamen a nivel estatal.
En el estado de Querétaro, el impuesto a la tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitido es de 640.5 pesos; es decir, 5.9 veces el valor dado de la Unidad de Medida y Actualización económica (UMA), que es manejado como incentivo fiscal y uso de compensaciones.
La tasa impositiva definida por el impuesto al carbono de Querétaro fue originalmente de 5.6 UMA por cada tonelada de dióxido de carbono (tCO2e) emitida, lo que corresponde a 580 pesos. No obstante, una reforma a la legislación realizada en diciembre de 2023 estableció una nueva tasa de 5.9 UMA, es decir, 640.5 pesos. El pago debe realizarse anualmente. La tasa implementada por Querétaro se convirtió en el segundo precio al carbono más alto establecido en toda la región de América Latina y el Caribe.
Querétaro lidera en México la implementación del impuesto de carbono, regulando a las industrias a pagar por sus emisiones de GEI. El gravamen se introdujo en la Ley de Ingresos del Estado en 2022, fue en 2023 cuando se establecieron metas concretas para las empresas. Hasta julio de 2024, de las 633 empresas registradas en el padrón, 594 han cumplido con el mandato, generando una recaudación de 270 millones de pesos, frente a un objetivo de 317 millones, además de la implementación de 41 sellos estatales de bajas emisiones emitidos en 34 empresas, detalla la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).
Aunado a que en Querétaro, los reglamentos del gobierno estatal subrayan que este recurso económico recaudado por cada tonelada de carbono generado por el sector industrial, sólo se puede gastar en los sistemas de captación de CO2 y de conservación de ecosistemas; de esta manera, se evita que se desvíen a otras prioridades en la región.
En Querétaro, 34 empresas han recibido 41 Sellos Estatales de Bajas Emisiones de Carbono, al reducir 613 toneladas de CO2 equivalente y por la compensación de 432,755 toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) a fines de 2024.
A través de este proyecto se han protegido 14,000 hectáreas de bosque en la Sierra Gorda, donde participan 17 ejidos principalmente de los municipios de Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros.
La Universidad Iberoamericana define que el precio al carbono busca establecer un valor monetario a las emisiones de carbono, las cuales tienen costos externos que la sociedad paga de diversas formas (pérdidas de cultivos, costos asociados a la salud, inundaciones, sequías, olas de calor, entre otros). Sin embargo, dichos costos se pueden atacar desde la fuente, es decir desde el responsable de las emisiones.
En México no se tiene una reglamentación aterrizada en las leyes ambientales, que fije un mínimo como máximo de los impuestos al carbono; por ello, Querétaro realiza un cobro de por tonelada de carbono a diferencia de Guanajuato, que es la entidad con el menor costo al carbono con 45 pesos, que es manejado como un estimulo fiscal del 20 por ciento.
Los otros estados que manejan un cobro a la tonelada a la emisión del carbono son Zacatecas, que tiene un costo de 250 pesos; Yucatán con 293 pesos; Estado de México con 58 pesos; Jalisco con un costo por definir en su Congreso local; Baja California con 0.17 pesos; Tamaulipas con 325 pesos; y Durango con 100 pesos.
Los IPC se pueden definir como un mecanismo de política pública que, a través de una infraestructura institucional, imponen un precio explícito a las emisiones de carbono sobre sectores, productos o actividades.
El precio dicta una señal económica a los emisores, quienes pueden decidir seguir emitiendo pagando el costo, reducir emisiones o detener su actividad, informa el Banco Mundial.
En México, sólo 10 Estados los que ya cobran en la realidad un pago por generación de tonelada de carbón, mientras que existen 1 iniciativa estatal inactivo, 1 en desarrollo y 1 en consideración. A nivel nacional, existe una amplía diversidad de precios, desde los 45 a los 640 pesos por tonelada.
El país, tiene gran posibilidad de expedición de bonos de carbono, pues la nación en un tercio del territorio está cubierto por bosques y selvas; aunque, tiene una una tasa alarmante de deforestación de 75,000 ha/año.
En el mundo, el sector forestal ha emitido más créditos de mitigación que cualquier otro sector, equivalente a aprox. el 42% de reducciones de emisiones en los últimos cinco años.
Como parte de las metas a largo plazo, Querétaro planea ampliar la cobertura del impuesto de carbono en los próximos años. A partir de 2025, se espera que industrias adicionales, como la del vidrio, la cerámica, industria y la construcción, se incorporen a esta regulación, sin embargo, no será hasta la publicación de las modificaciones en el Código Ambiental del Estado de Querétaro y la Ley de Cambio Climático para el Estado de Querétaro a finales del 2024, que se confirme la nueva integración de dichas empresas.
De acuerdo a los datos presentados en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro los ingresos obtenidos para su ejercicio en el año 2024 fueron de 282,035,757 pesos. El impuesto al carbono se mantiene como el instrumento con la mayor capacidad de recaudación dentro de los impuestos ecológicos vigentes dentro del estado.
Los impuestos al carbono en México, que imponen un valor a las emisiones de gases de efecto invernadero, han recaudado 886 millones de pesos (mdp) en seis años (último dato de año completo fue 2023), señala el reporte de México2, la plataforma de mercados ambientales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
A nivel internacional, un impuesto al carbono se asigna un precio a las emisiones GEI mediante el gravamen de los bienes o actividades en virtud de las emisiones que producen. El Banco Mundial, estima que en 2023, estas iniciativas cubrirán 2.74 Gt CO2e representando 5.62 por ciento de las emisiones globales.