La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que la independencia del Poder Judicial es un requisito indispensable para garantizar la certeza jurídica en el país, aunque, se acepta que la reciente reforma judicial ha generado debate al comprometer la independencia y autonomía del Poder Judicial en México.
Por ello, a cuatro meses de su publicación, la implementación de la reforma enfrenta serios cuestionamientos legales y operativos. Hasta el momento, se han presentado 798 amparos en su contra, lo que refleja el alto grado de oposición y los problemas estructurales que conlleva.
Las contradicciones entre jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han generado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando la confianza en las instituciones y dificultando las elecciones.
Para la Coparmex el cambio en el mecanismo de selección de los jueces, magistrados y ministros representa un reto logístico y legal de gran magnitud. La creación de Comités de Evaluación por cada poder de la Unión, encargados de depurar y seleccionar a los candidatos mediante insaculación, ha generado serias dificultades y disparidad de criterios de evaluación.
Uno de los principales señalamientos ha sido la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso, entre ellos la falta de base constitucional y legal para su actuación ya que, para este proceso electoral extraordinario, no se han emitido las leyes secundarias ni los reglamentos específicos que detallen los procedimientos, criterios y atribuciones de dichos comités.
El clima de inseguridad jurídica generado por la reforma representa un riesgo significativo para la inversión nacional e internacional. La falta de claridad en las reglas del juego y la politización de la justicia generan un entorno adverso para el desarrollo económico ante la imposibilidad de garantizar un proceso imparcial. Según el Índice de Estado de Derechos del World Justice Project (WJP), la politización del Poder Judicial afecta la confianza de inversionistas. Experiencias en países como Venezuela y Bolivia han demostrado que sistemas judiciales politizados reducen la competitividad y generan inseguridad jurídica.
Además, la falta de recursos para llevar a cabo el proceso electoral es otro punto crítico. El INE solicitó un presupuesto de 17 mil millones de pesos para la organización de los comicios, pero solo se aprobaron 13 mil 476 millones, lo que ha obligado al Instituto a buscar una ampliación presupuestaria de mil 511 millones de pesos para cubrir la contratación de personal y garantizar el correcto desarrollo de la elección.
La Coparmex considera que la reforma al Poder Judicial atenta contra la independencia judicial, socava la certeza jurídica y debilita el Estado de Derechos en México. La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular abre la puerta a la politización de la justicia, comprometiendo la imparcialidad en la impartición de justicia y generando un clima de desconfianza que impacta negativamente la inversión y el crecimiento económico del país.
Además que la intromisión del Senado de la República en el proceso de selección de jueces representa una violación flagrante a la Constitución y a la independencia judicial.
Por ende, la Coparmex junto con diversas organizaciones y colegios de abogados, han advertido el riesgo de que esta interferencia derive en la subordinación del Poder Judicial a intereses partidistas, lo que compromete su autonomía y el principio de separación de poderes.