Ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), uno de los mayores desafíos es la extorsión, un delito en aumento que, sin una legislación eficaz, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad.
Por ello, es urgente discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión. La COPARMEX señala que el artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión.
Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR.
La cifra negra es alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas.
En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50 por ciento en seis años, evidenciando la urgencia de atender el fenómeno.
Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3 por ciento más respecto al mes anterior y 3.8 por ciento más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos. En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima.
La reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.
Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas.
En COPARMEX sugiere reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación.