En México, al año 2023, el costo asociado al agotamiento del agua subterránea y la degradación del agua superficial ascendió a 102,029.4 millones de pesos, es decir, el equivalente a 0.32 por ciento del PIB nacional, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El INEGI en su apartado de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2023, de los 214,227 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua extraídos del medio ambiente, las hidroeléctricas aprovecharon 55.6 por ciento en la generación de energía (uso no consuntivo). El agua restante fue consumida en la economía (uso consuntivo), con el sector agropecuario como el mayor usuario del recurso, con 32.2 por ciento del total. Le siguieron las actividades de industria, servicio y hogares, que en total consumieron 12.2 por ciento.
En materia de las plantas de potabilización. En México, en 2022, de un total de 623 plantas de potabilización, 82.7 por ciento estaba en operación y 17.3 por ciento se encontraba fuera de operación.
Para 2022, las 3 entidades federativas con mayor número de plantas de potabilización fueron: Sinaloa (148), Tamaulipas (44) y Tabasco (43). Juntas, representaron 37.7 % del total nacional. Mientras que el estado de Querétaro se ubica entre las entidades que tienen en operación de 1 a 5 plantas en funcionamiento, aspecto que les coloca entre los Estados con menos unidades en dicha situación (Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Yucatán), los peores son Zacatecas, Chiapas y Yucatán con cero plantas en funcionamiento.
Las entidades federativas con la mayor cantidad de obras de toma de agua para abastecimiento público fueron: Jalisco (1,987), Oaxaca (1,973), Guanajuato (1,873) y México (1,711). Mientras que Querétaro, se ubica en las entidades con menos de 400 tomas de agua públicas. Junto a entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Baja California Sur y Baja California, Guerrero y Chiapas.
Mientras que las obras de toma de agua para abastecimiento público son infraestructuras diseñadas para extraer agua de diversas fuentes, ya sea subterráneas (pozos) o superficiales (ríos, presas o manantiales). En 2022, de acuerdo con el cngmd, se registró un total de 24,990 de obras de toma de agua para abastecimiento público. Las fuentes principales de agua fueron los pozos, con 19,201 (76.8 por ciento) obras de toma; siguieron los manantiales, con 4,084 (16.3 por ciento) obras de toma.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales albergan uno o varios procesos destinados a depurar aguas residuales que, tras ser utilizadas para diversos fines, se han contaminado con desechos domésticos, industriales o comerciales. En 2022, existían 3 440 de este tipo de instalaciones, de las cuales 2 258 se encontraban en operación (65.6 por ciento). Los 5 estados con más plantas de tratamiento en operación fueron: Sinaloa (282), Oaxaca (186), Jalisco (143), Tlaxcala (138) y Guanajuato (127).
De acuerdo con las CEEM, el agotamiento del agua subterránea registró un volumen de 5 616.1 Mm3, cuyo costo imputado fue de 35,751.8 millones de pesos en 2023, equivalente a 0.11 por ciento del PIB del total de la economía del país.
En ese mismo año, alrededor de 24,918.4 Mm3 de agua residual regresaron al medio ambiente sin tratamiento, degradando la calidad de los cuerpos del agua. De acuerdo con las CEEM, el costo para el tratamiento de este tipo de descargas residuales ascendió, ese año, a 66,277.6 millones de pesos, equivalente a 0.21 por ciento del PIB.
La suma de los costos del agotamiento del agua subterránea y de la degradación del agua superficial, alcanzó una cifra de 102 029.4 millones de pesos, equivalente a 0.32 por ciento del PIB del 2023. De ese monto, la industria y los servicios registraron la mayor participación.
Los Gastos de Protección Ambiental (GPA) son gastos para la gestión de las aguas residuales y gastos para la conservación del recurso. La gestión incluye la inversión en sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento, en tanto que la conservación se refiere a la promoción del uso sustentable del recurso hídrico, medidas para su ahorro, prevención y reparación de fugas, entre otras. En 2023, los gastos asociados con estas medidas alcanzaron un monto de 81,539 millones de pesos (37.1 por ciento del GPA de México).