La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), exigió que se garantice el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad. La educación en México debe ser relevante y adaptarse a los diversos contextos sociales, culturales y económicos.
El aprendizaje no puede estar condicionado por la falta de infraestructura, el rezago tecnológico o la indiferencia institucional. La educación debe ser una causa compartida, un compromiso del Estado y de toda la sociedad, se exigió.
La COPARMEX señala que no puede hablarse de desarrollo, justicia o crecimiento sostenible si millones de menores enfrentan condiciones indignas para aprender. Las cifras son alarmantes: más de 26 mil escuelas carecen de agua, 20 mil no cuentan con lavamanos, cerca de 8 mil no tienen electricidad y casi 2 mil ni siquiera disponen de baños. Estas condiciones vulneran derechos fundamentales y perpetúan la desigualdad.
Se abundó que siete de cada diez escuelas de educación básica a media superior no tienen conexión a internet y casi la mitad no dispone de equipo de cómputo con fines pedagógicos. A ello se suma una grave falta de materiales adaptados para niñas y niños con discapacidad. Esta brecha digital compromete el acceso equitativo al conocimiento y reduce las oportunidades de estudiantes.
Solo el 6 por ciento de las escuelas cuenta con una red de acceso gratuito y funcional lo que limita el uso de tecnologías en la enseñanza. De mantenerse esta situación, no formaremos profesionales preparados en ciencia, tecnología, salud, arte o política, capaces de afrontar los retos de un futuro incierto y competitivo.
Tampoco se puede ignorar el impacto de la pobreza. Cuatro de cada diez menores viven en condiciones de vulnerabilidad, y uno de cada diez lo hace en pobreza extrema. La infancia más pequeña —de 0 a 5 años— es la que enfrenta mayores carencias de seguridad social y acceso a servicios de salud. Invertir en su desarrollo es invertir en un México con más bienestar y menos brechas (4). Además, más de la mitad de los menores que viven en pobreza extrema, son indígenas o pertenecen a comunidades rurales, lo que evidencia una doble marginación.
A pesar de los esfuerzos, la cobertura educativa sigue siendo insuficiente. La matrícula en secundaria y educación media superior se ha reducido, y el abandono escolar aumenta con la edad. La deserción en adolescentes responde, en muchos casos, a la necesidad de incorporarse al mercado laboral. El trabajo infantil persiste: datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 reporta que 3.7 millones de menores trabajan, muchos en ocupaciones no permitidas, sin condiciones de seguridad ni respeto a sus derechos. De estos, casi 1.8 millones realizan actividades peligrosas, y el 60 por ciento no asiste a la escuela.