El más reciente de la organización civil Acción Ciudadana ante la Pobreza en su reporte del Observatorio de Trabajo Digno se detalla que en México se mantiene una alta prevalencia de precariedad laboral para trabajadores asalariados en todas las ramas económicas, incluyendo las más productivas y formalizadas como la manufactura y los servicios.
La inmensa mayoría de quienes trabajan por un salario en México carecen de representación sindical que defienda sus derechos constitucionales (86 por ciento); 6 de cada 10 reciben un ingreso salarial insuficiente para sostener a su familia, 4 de cada 10 carecen de seguridad social (42 por ciento), y la mitad trabajan sin contrato laboral estable (52 por ciento), todo esto en abierta contradicción con las normas del derecho al trabajo digno establecidas en la Constitución.
En los micronegocios el 73 por ciento de quienes tienen trabajo asalariado carecen de ingreso suficiente, son 5 millones y medio de personas; el 84 por ciento carecen de seguridad social, son casi 7 millones de personas y el 88 por ciento carecen de contrato estable, son 7 millones 200 mil personas.
En las medianas y grandes empresas la situación es mejor, pero no está bien. La dimensión de la precariedad es inaceptable dado que se trata de negocios “formales” con alta rentabilidad, grandes inversiones y concentran la mayor parte de los ingresos económicos.
En las medianas empresas más de la mitad de quienes tienen trabajo asalariado carecen de ingreso suficiente, son 2 millones 380 mil personas y la cuarta parte carecen de contrato estable, son 1 millón 278 mil personas.
En las grandes empresas, casi la mitad de las personas empleadas carecen de ingreso suficiente (46%), son 2 millones 812 mil personas. Y el 18% carecen de contrato estable, esto afecta a 1 millón 287 mil personas.
Para dicha organización es indispensable el fomento al trabajo digno, con remuneración suficiente y pleno ejercicio de derechos laborales y el acceso universal a la salud, a los cuidados y en general a la protección social, conforme a las normas y estándares de derechos humanos vigentes en nuestro país a partir de la reforma al art. 1º de la Constitución en 2011.
Entre los sectores de mayor problema en trabajo digno es la industria manufacturera, junto con el comercio, como los dos sectores con mayor peso en el empleo (35 por ciento en conjunto). En conjunto aportan el 53 por ciento del valor agregado total y el 68 por ciento de los ingresos del total de unidades económicas.
Sin embargo, en la industria manufacturera, 6 de cada 10 personas con trabajo asalariado (60 por ciento) carecen de ingreso suficiente, casi la cuarta parte (23 por ciento) carecen de acceso a la salud mediante la afiliación a la seguridad social y más de la tercera parte (35 por ciento) carecen de contrato estable.
Esto quiere decir, que el sector económico con mayor peso en el empleo, la industria manufacturera, mantiene a más de 3 millones 700 mil personas trabajando por un salario que no supera el umbral de pobreza para dos personas, mucho menos para una familia mayor, a casi 1 millón 600 mil sin acceso a la salud de la seguridad social y a más de 2 millones 400 mil personas sin contrato estable.
En el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos -el de mayor valor agregado y rentabilidad en la economía- hay casi 1 millón 600 mil personas trabajando sin salario suficiente, son el 62 por ciento del total de su personal y pese a la prohibición de la subcontratación abusiva (“outsourcing”), todavía el 37 por ciento de sus empleados (as) carecen de afiliación a la salud y la seguridad social.
La precariedad laboral es predominante en el sector primario (agrícola, ganadero, pesca y forestal) donde 2 de cada 3 personas con trabajo asalariado no ganan lo suficiente para adquirir dos canastas básicas, casi 2 millones de personas (66 por ciento).