Garantizar a periodistas el ejercicio libre de su labor y el goce pleno de sus derechos es indispensable para fortalecer la democracia, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, al participar en la IV Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Estado abierto en México para cumplir las metas al año 2030.
“Hoy, 2022, es tan necesario fortalecer el espacio cívico y que la gente tenga la libertad de expresarse; que las y los periodistas puedan expresarse de una manera libre y no celebrar que hoy se utilizan más los mecanismos de protección, al contrario, deben ser los menos, para que los y las periodistas puedan ejercer libremente su profesión”, apuntó durante el panel “Las libertades del espacio cívico en el año 2030: ¿cuál es la meta?”.
Alcalá Méndez planteó la necesidad de avanzar hacia un Estado abierto, en el que las instituciones de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde el ámbito de sus respectivas competencias, realicen esfuerzos de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las y los periodistas, y aseguren la generación de información de calidad, que les permita contar con datos y evidencia para realizar su labor.
“La información pública abre el debate sobre los asuntos públicos y permite la creación de un verdadero pluralismo social, sin el cual no pudiera funcionar una democracia como es deseable. Para que esta ecuación funcione, es necesario que los órganos garantes, tanto el INAI como los de las 32 entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, funcionemos de manera imparcial, eficaz y eficiente en la toma de nuestras decisiones”, subrayó.
En su intervención, la politóloga Laura Angélica Rojas Hernández sostuvo que la libertad de expresión, más allá de ser un derecho humano, es también un pilar fundamental de cualquier régimen democrático, por lo que el asesinato de periodistas causa un serio perjuicio al propio Estado y a la sociedad en su conjunto.
“El problema en México me parece que no es de legislación, sino que es de implementación; tenemos un marco regulatorio suficiente e instituciones que teóricamente deben de cumplirlo y garantizar la libertad de expresión; sin embargo, tenemos un grave problema, desde hace muchos años, de cumplimiento de la ley”, dijo.
En su mensaje, la Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Ciudad de México, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, señaló que corresponde al Estado garantizar la protección de los profesionales de la comunicación para que puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión, ya que, por su función de informar, “ellos y ellas son piedra angular de toda democracia”.