A un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2022/2023, más de 25 millones de estudiantes regresaron a entornos escolares que promueven la malnutrición y enfermedades, declararon las organizaciones civiles El Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Coalición ContraPESO, que hicieron un llamado urgente a los legisladores a tomar decisiones contundentes para transformar las escuelas en espacios de bienestar social.
Se detalló que en 2016, el gobierno mexicano declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, situación alarmante no solo por la enfermedad y muerte prematura, sino también por el impacto económico que representan. Atender la epidemia de obesidad equivale al 5.3 por ciento del PIB anual (gasto superior al presupuesto asignado a instituciones como IMSS e ISSSTE), situación catastrófica e insostenible para el sector salud.
Actualmente en México, 4 millones de niñas y niños en edad escolar viven con sobrepeso y obesidad, y de no tomar medidas urgentes, 1 de cada 2 desarrollará diabetes a lo largo de su vida.
Las escuelas forman parte de este problema de salud pública, ya que en un día de jornada escolar se consumen más de 550 calorías provenientes de productos ultraprocesados, que se relacionan con daños profundos en el aprendizaje y la salud, además, la prevalencia de obesidad infantil aumenta casi 50 por ciento al finalizar la educación primaria.
Un estudio realizado en junio del 2022 en 77 escuelas primarias de la Ciudad de México encontró que, las escuelas continúan promoviendo ambientes no saludables, concluyendo que 9 de cada 10 incumplen con la regulación vigente de alimentos y bebidas, porque: 73 por ciento vendían comida rápida, 75 por ciento botanas dulces, 67 por ciento botanas saladas y 40 por ciento bebidas azucaradas, incluyendo refrescos.
Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor, declaró que “desde el 2010, se creó una regulación de alimentos y bebidas en escuelas, sin embargo, su diseño fue intervenido por la industria alimentaria, logrando que fuera más permisiva con los productos ultraprocesados.
Desde entonces, la regulación, al parecer diseñada con profundos vacíos en el diseño, implementación y vigilancia, no se aplica. Durante todo este tiempo, las escuelas se han consolidado como ambientes obesogénicos, motivo por el cual su transformación necesita de acciones encaminadas a adoptar una política de alimentación escolar saludable y sostenible”.
Un reporte elaborado por Probatio (consultoría especializada en la investigación y el análisis en políticas públicas) registró que en las legislaturas LXII (2012 a 2015) y LXIII (2015 a 2018) se presentaron 53 iniciativas para regular los alimentos y bebidas no saludables en los diferentes entornos. Sin embargo, 56 por ciento fueron desplazadas y 36 por ciento desechadas; lo anterior evidenció la interferencia de intereses comerciales, porque en el legislativo no han tomado acciones contundente para combatir las epidemias de obesidad.