Pablo Armando González, investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, denunció que se estiman que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) padecen por la inexistencia de programas federales de apoyo a las mismas, lo que provoca que un 70 por ciento de las OSC estén inactivas.
Indicó que de las OSC que son donatarios autorizados por el gobierno federal y estatales superan las 9 mil unidades en todo el país, de un universo que supera las 47 mil en total.
Acotó que este sector no crece en el registro federal por las políticas federales y en las 32 entidades estatales se señala que las políticas de fomento son muy diversas, por ello, encabezó una evaluación de las tres dimensiones (jurídica, institucional y programática).
El promedio general de calificación de Estados que apoyan a dichas dimensiones se ubicó en 34.03 por ciento (de 100 por ciento posible), donde la mayoría de las entidades se posicionaron por debajo del 50 por ciento del total, en otras palabras, están más que reprobadas, lo cual muestra una debilidad en distintos ámbitos que frenan el fortalecimiento y empoderamiento de las OSC.
Las únicas que están por arriba de este porcentaje son: Jalisco que ocupa el primer lugar (78.61 por ciento), seguido por Aguascalientes (64 por ciento), Quintana Roo (63.02 por ciento), Chihuahua (62.13 por ciento) y Sonora (58.40 por ciento), sin embargo, aún hace falta por fortalecer distintas áreas de estas entidades. En el caso del estado de Querétaro se ubica en el sitio 14 a nivel nacional, con un promedio del 34 por ciento.
El estado de Querétaro se caracteriza por ser parte de las 7 entidades del país que no tiene una legislación oficial sobre la realidad, apoyo y trabajo de las OSC, dicho grupo lo compone con Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco.
Otro de los elementos que forman parte de las OSC es la existencia de los planes de trabajo/informes anuales, de esta manera, se encontró que en 17 Estados consideran su redacción. Las únicas que entidades con estos dos requisitos para otorgar subsidios son Michoacán y Tamaulipas, mientras que entre las OSC estatales que no tienen estos requerimientos son: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, CDMX, EDOMEX, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
El experto citó el reporte del índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2021, de Articulación Ciudadana para el Desarrollo y la Equidad, AC., que señala que en cada estado hay una entidad responsable de atender a las OSC (por lo general la responsabilidad recae en las secretarías de desarrollo social o sus similares). A su vez cada una de las entidades cuentan con áreas operativas específicas para interactuar o asistir a las OSC de manera sectorial o ámbito de competencia.
En 14 entidades el área operativa corresponde al nivel de una subsecretaría estatal, en tanto, 18 al de una dirección. En el caso de los Estados con una dirección gubernamental para atender a las OSC son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En cuanto a la existencia de los registros estatales de OSC, 17 de las 32 entidades poseen uno: 7 disponibles al público y 10 proporcionados a través de solicitud de transparencia. Contar con registros públicos permite tener acceso a información para analizar el número OSC en las entidades y compararlos con otros registros, así como tener información relevante sobre las organizaciones en contextos locales.
Las entidades sin registro son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las entidades se han sumado a la promulgación de sus propias leyes, estas se encuentran desactualizadas dejando fuera puntos relevantes, razón por la cual el promedio nacional de esta dimensión se ubicó en 8.77 del 20 por ciento total posible. Por lo tanto, es necesario actualizar las leyes de tal forma que sean exhaustivas en los ámbitos de competencia.
Explicó lo anterior al participar en el foro “La Participación Social, el Eje de Encuentro de la Sociedad Civil», se conjunto la presencia de unas 30 organizaciones ciudadanas, quienes dialogaron sobre la realidad, retos y oportunidades para la participación social en tiempos pospandemia, siendo un punto central el impulsar una modernización de la legislación que atañe a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Al respecto, Ricardo Espinoza López, coordinador nacional de ASUME, Táctica Social, Red Social e IDEL, detalló que muchas causas sociales de las OSC han sido abandonadas por la Federación y es momento de alzar la voz y se atiendan sus causas.
“Debemos apoyar a grupos vulnerables y requiere de especial atención a diferencia de otros sectores poblacionales. La política debe conjuntar y no dividir. Es una realidad que el gobierno puede solo, no debemos ser esclavos electorales de cualquier gobierno y por una dádiva nos obliguen a un voto. La sociedad es más que los gobiernos y las gestiones ciudadanas avanzan poco, pero no dejan de avanzar, acotó.