La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamenta el fallecimiento de personas migrantes de origen latinoamericano, y se solidariza con las familias de las víctimas y considera fundamental que las autoridades hagan su labor de forma imparcial para que se deslinden responsabilidades.
El incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez ocurrido la noche del 27 de marzo, que le quitó la vida a 39 migrantes, es una muestra de que la política migratoria nacional es persecutoria y está militarizada.
El programa “Quédate en México” se tradujo en la implementación de una política migratoria persecutoria que se agudizó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, cuyos elementos tienen formación militar, los cuales no actúan como garantes de derechos humanos sino que tienen como objetivo claro la detención y deportación.
Desde la óptica de Coparmex, es necesario que lo dispuesto en la Ley de Migración se cumpla para que la gestión de los flujos migratorios se aborde desde un enfoque de derechos humanos y no de persecución contra las personas.
Es importante recordar que México ha firmado compromisos internacionales en materia de migración y asilo, particularmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que hace un llamado a respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de las personas migrantes, a través del establecimiento de medidas como proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente.
Por otra parte, el Informe sobre Migraciones en el Mundo 2022, elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), indica que México es el segundo país destino de migrantes y el corredor entre el país y Estados Unidos es el más grande del mundo. Lo anterior demuestra que México se ha convertido en un Estado de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, lo que exige una política integral que atienda este fenómeno social.
Desde 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre las graves condiciones en los que se encuentran las estancias migratorias en México, pues éstas presentan hacinamiento, acceso limitado a medicamentos, maltrato, extorsión, discriminación y falta de acceso a los servicios de salud a las personas migrantes. Estas situaciones también han sido ampliamente documentadas por diversas organizaciones sociales.
Pero el tema es aún más grave si se considera que, de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, en 2022 se detectaron 18 mil 300 niñas, niños y adolescentes (NNA) extranjeros de países centroamericanos que se encontraban en el país.
Por ello, la Coparmex hizo un respetuoso llamado al gobierno federal a modificar la política migratoria nacional, a cesar las conductas persecutorias y abordar el tema con un enfoque humanista.