Cualquier sistema educativo necesita información fidedigna y rigurosa para diseñar políticas educativas de calidad basadas en evidencia. En México, existe el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) que concentra la información de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La información resguardada en el SIGED, que abarca temas como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa, era considerada como indispensable para conocer la realidad del país y, por ende, estaba catalogada dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como Información de Interés Nacional (IIN) por cumplir con sus requisitos de rigurosidad metodológica y su periodicidad.
Sin embargo, el lunes 10 de abril, la Junta de Gobierno del INEGI publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la determinación de revocar el carácter de IIN del SIGED. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta decisión amenaza el acceso, la calidad y el uso obligatorio de esta información pública que es fundamental para el diseño de la política educativa.
La Información de Interés Nacional debe de cumplir con las características de calidad de la información y la rigurosidad metodológica del INEGI, por lo que puede ser utilizada como un insumo para la toma de decisiones, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. A pesar de ser decisión del INEGI, sorprende que esta acción fue promovida por la misma SEP desde 2022, quien logró justificar ante el INEGI que la información del SIGED no cuenta con los atributos necesarios para contar con esta clasificación.
Conforme al decreto publicado en el DOF, la información del SIGED no cumple los criterios de ley y las modificaciones impulsadas por el propio Gobierno Federal han puesto en jaque la recolección y generación de datos, como la eliminación del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) y el servicio profesional docente, la suspensión del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (pruebas Planea), entre otros.
Estos cambios en el marco institucional de la educación en México han amenazado y vulnerado la generación periódica de información que es necesaria para la mejora educativa, y sin la cual no se pueden diseñar políticas basadas en evidencia.
Al respecto, el IMCO considera que esta decisión podría tener tres implicaciones que ponen en riesgo la calidad de la educación:
Los sistemas educativos deben enriquecer la toma de decisiones y el diseño de estrategias a partir de un diagnóstico que utilice información de calidad. Con dicha revocación, se pone en riesgo la calidad de la información educativa de México.
La información educativa dejará de ser de uso obligatorio para todas las instancias gubernamentales.
La generación, acceso y calidad de la información educativa se ha puesto en riesgo con decisiones tomadas por las autoridades. Sin embargo, asegurar el levantamiento, procesamiento y acceso a la información de calidad es clave para promover el diálogo y el diseño de políticas sustentadas en evidencia que mejoren la educación y generen oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes mexicanos.