En medio de una crisis educativa en la que necesitamos conocer lo que sucede en cada escuela, estudiante por estudiante, la SEP decide incrementar la opacidad, al ordenar al INEGI degradar la información sobre el estado de la educación, la nómina magisterial y la infraestructura educativa.
Con este hecho y sumado a la posible desaparición del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) que proveía a INEGI de datos esenciales, se deja en desamparo el avance en recuperación de aprendizaje y detección de abandono escolar en todas las escuelas del país, lo que atenta directa y agresivamente contra el derecho a aprender de cada estudiante y contra el acceso a la información de la sociedad.
Desde el inicio de la administración federal existe una campaña contra la transparencia y la rendición de cuentas. En materia educativa, se desaparecieron los programas destinados a financiar el SIGED y las evaluaciones de aprendizaje. Desde el año pasado, se viene gestando la eliminación de la plataforma de este sistema que hoy se encuentra inaccesible.
Este añejo problema inició con la desactualización y ausencia de padrones de becarios y de gastos ejercidos por las escuelas en los programas estrella de la administración, tales como La escuela es Nuestra (LEEN).
El golpe más reciente a nuestro derecho a la información es la solicitud de la SEP al INEGI para dejar de considerar la información educativa como de interés nacional, ello bajo el argumento de que dichos datos no sirven para el diseño y evaluación de programas educativos. Todo esto sucede en medio de las discusiones para desaparecer el único organismo que obliga a la autoridad a dar respuesta a solicitudes específicas: el INAI.
Con estas decisiones vamos a navegar a la deriva, sin acceso a la información y sin evaluaciones. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar.
Si el SIGED desaparece perderemos información inmediata sobre los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, los que no han regresado, así como de niñas, niños y jóvenes que no han logrado recuperar aprendizajes.
En medio de una crisis educativa exacerbada por la pandemia por Covid-19, era importante hacer esfuerzo censal para saber quiénes son y a dónde se fueron las niñas, niños y jóvenes que no han regresado a las escuelas; ahora no sólo no tenemos eso, también nos quitan información para dar seguimiento a estas problemáticas.
El SIGED ha sido una herramienta de gran utilidad, principalmente durante la pandemia, pues, por vez primera en 20 años, todas las autoridades escolares cargaron en esta plataforma los datos sobre las escuelas del país, lo cual evitó un rezago mayor de información durante el cierre de planteles, lo que se sumó a la descarga administrativa que las y los maestros habían tenido en estos años.
A través de esta plataforma se recopilaban bases de control escolar de los estados del país, tales como las calificaciones trimestrales que ya estaban en proceso y que hubieran servido para hacer mediciones sobre abandono escolar, pérdida de aprendizajes y falta de docentes.
Por ello, exigimos a la autoridad educativa detener este atropello y avanzar en un registro que permita conocer la situación de cada estudiante con respecto a su trayectoria académica, escolar y socioemocional.
Es urgente un trabajo coordinado entre la SEP, INEGI, los gobiernos estatales y las dependencias de desarrollo social del gobierno federal para contar con información censal, actualizada, oportuna y progresiva.
Sólo así podremos saber si cumplimos el derecho de cada estudiante a tener una educación con bienestar.