El diputado federal del PRI, federal Rubén Moreira Valdez manifestó que ya no es tiempo de una reforma electoral, pero el Instituto Nacional Electoral (INE), en el uso de la facultad del Artículo Primero de la Constitución, puede generar medidas de protección y de atención ante el flagelo que se avecina, que influyan en tener procesos más limpios, sin el embate del crimen organizado
Entre dichas medidas, señaló la creación de un observatorio para determinar zonas de influencia del crimen organizado, prácticas nocivas y acciones que generan una distorsión en los comicios; además, señaló debe existir un comisionado electoral ante el cual los partidos puedan acudir para solicitar investigaciones especiales en esta materia.
En la democracia mexicana, afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, los grupos delincuenciales, son un elefante que todos vemos en las calles, que sentimos, que con su movimiento va destruyendo cosas, pero del que poco se habla.
Agregó que el crimen organizado se ha convertido en un factor político, en una amenaza y en el mayor enemigo contra el sistema democrático de nuestra Nación, ya que mata candidatos, impide campañas, presiona autoridades, interfiere en los procesos, cancela la posibilidad de las mujeres a competir.
En la lista de sugerencias, Moreira apuntaló la importancia de observadores internacionales en las zonas de riesgo, la suspensión de campañas cuando se asesine a uno de los candidatos, la obligación de los partidos políticos de condenar en sus documentos básicos, en su propaganda y en sus plataformas electorales al crimen organizado.
También, insistió en la importancia de que el INE impida las campañas que hacen apología del delito, porque esto lastima a la sociedad y genera simpatías con la delincuencia.
Incluso, mencionó que la intervención del crimen organizado en temas electorales debería considerarse terrorismo pues afecta a la base nodal del sistema mexicano que es la democracia.
Enfatizó que el clima de inseguridad que se vive en los procesos electorales pone en riesgo las elecciones y expuso que en 2020-2021 se registraron mil 600 ataques a políticos, siendo los estados más violentos Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Morelos. Además, señaló que en los procesos de 2017 a 2021, en total hubo mil 840 crímenes hacia políticos y 250 asesinatos.