El número de sequías se ha duplicado a nivel nacional en la última década. Este fenómeno se agrava por el aumento de la temperatura en México debido al cambio climático. De continuar las tendencias actuales, esta situación se agravará en los próximos años.
En México, la gestión de los recursos hídricos se divide entre la federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca.
Al compartir responsabilidades entre múltiples actores, es más fácil evadir el cumplimiento de las reglas. El problema del agua en México se remite a una serie de desafíos y atrasos relacionados con la gestión y el acceso a los recursos hídricos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), analizó el marco regulatorio actual, y concluyó que la aprobación de una nueva Ley General de Aguas -asignatura pendiente del Congreso de la Unión desde 2012- es urgente e inminente para desarrollar una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos.
Se informó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua. Existe una falta de coordinación entre los actores del gobierno, lo que dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.
Actualmente, la autorización del uso del agua -otorgado a través de una concesión- no está basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos o de las aguas superficiales.
Aunado a que existen graves deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo. 97 por ciento de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93 por ciento no han sido verificados.
Se padece de una grave reducción de la vigilancia. Entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8,129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2,334, lo que implica que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua.
Además que se redujo el financiamiento a la CONAGUA. El presupuesto de este organismo disminuyó aproximadamente 50 por ciento entre 2014 y 2022. Es decir, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, lo que afecta principalmente el área de vigilancia y monitoreo. A pesar de que en 2023 se incrementó a 68 mil 450 millones, sigue siendo insuficiente.
El IMCO propone una serie de recomendaciones que atienden la problemática de la gestión del agua desde los ángulos de sostenibilidad y regulación y son que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión deben garantizar recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología.
Se deben reajustar los volúmenes a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea y la CONAGUA y la PROFEPA deben garantizar inspecciones y vigilancia para los sistemas de aguas.