A diferencia de lo que se ha dicho públicamente, el presidente López Obrador está solicitando autorización para endeudar al país con dos billones 521 mil millones de pesos, lo que representa 7.3 por ciento del Producto Interno Bruto, y no con 1 billón 737 mil millones de pesos que equivalen al 5 por ciento del PIB, como públicamente se ha dicho.
Sólo para comparar con el último año de la administración anterior, el endeudamiento que se solicitó para el año 2018 fue de 500 mil millones de pesos, por lo que el monto solicitado por López Obrador endeudaría al país cinco veces más que el último año de Enrique Peña Nieto.
Ello fue informado en un análisis elaborado por el Consejo Empresarial Mexicano, donde advierte que en el paquete económico 2024 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado ocho de septiembre, implica un endeudamiento sin precedentes e ilegal.
“No encontramos dentro del presupuesto de egresos un monto de obras que justifiquen los 2.5 billones de pesos en donde se pretende endeudar más al país”, advierte el CEM.
El Consejo Empresarial Mexicano, presidido por Juan Carlos Pérez Góngora, considera que “por ningún motivo”, el Congreso de la Unión tiene facultades para aprobar esta deuda solicitada por el presidente de la República y en caso de hacerlo, violaría la Constitución con las consecuencias de que no sólo la Suprema Corte podría declarar la inconstitucionalidad de dicha aprobación, sino estarían los legisladores sujetos a juicio político por violar la Constitución.
La principal función legislativa de la Cámara de Diputados, resalta el análisis, es aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, pero en materia de endeudamiento la facultad le pertenece al Congreso, incluyendo Senadores.
Así, el Congreso tiene la facultad constitucional que contempla el artículo 73 en la fracción VIII, de únicamente aprobar deudas cuando sean destinadas para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, o con propósito de relación monetaria, así como los que contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente.
“Si el Congreso le dice al Ejecutivo que no le va a autorizar ninguna deuda y que busque otra fuente de ingresos, y ésta fuera vía impuestos, tendríamos entonces que tener una sobretasa de IVA de más de 30 puntos porcentuales, esto es un IVA del 46% de consumo de los mexicanos para poder financiar dicho gasto público; o la otra opción sería que el ISR del próximo año fuera, en lugar de la tasa del 30% sobre la utilidad, del 58%; y para las personas físicas en lugar de pagar la tasa máxima del 35% sobre su ingreso tendrían que pagar 68% en el año”.
Estos hechos y decisiones, como el caso de un indiscriminado uso de recursos “no observables”, supuestamente por seguridad nacional, significan un artero ataque a una economía que por años se ha mantenido con mucho esfuerzo, acumulando reservas que hoy ya no existen porque se han usado indiscriminadamente en programas sociales generadores de votos, afirmó Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del CEM.