Uno de los mayores pendientes que tiene México es garantizar el acceso de todos a la justicia. Hoy, la realidad es grave: solo el 1 por ciento de los delitos se persigue. Si realmente si se quiere que México goce de un Estado de Derecho sólido donde la ley impere y se acabe con la corrupción se debe fortalecer al Poder Judicial.
Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) califica de incongruente el debilitar presupuestalmente al Poder judicial, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia.
Asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito y de manera indirecta una forma de revictimizar a quienes hoy más requieren respaldo.
La Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31 por ciento del presupuesto que tuvo en 2023. Esto resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos.
Es muy importante advertir que el Poder Judicial desde el año 2019 ha sido severamente golpeado en materia presupuestal. De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95,677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82,994 millones, un recorte del 15 por ciento. Para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80,646 millones.
Para solventar su operación en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84,792 millones, pero se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31 por ciento ese monto, lo que claramente es un riesgo enorme de dejar inoperante al sistema de justicia.
El presupuesto propuesto por el propio Poder Judicial representaba apenas un incremento del 4% en términos reales para 2024. Por ello, la Coparmex se manifiesta para que se haga un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional.
Para la central patronal se abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad: El recorte afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido. Pero también a la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia.
Además que se pondría en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024: Otra instancia afectada sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave de la historia del país. En 2024 se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular; entre ellos, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades.