En San Pablo Guelatao, cuna del zapoteco Lic. Benito Pablo Juárez García, cada 21 de marzo, hemos escuchado discursos indigenistas-nacionalistas-paternalistas de todos los colores, ya sean electorales, o institucionales, de derecha y de izquierda, que utilizan la figura de los pueblos originarios para fines particulares. Pero cuando la simulación sale a la luz, cuando los discursos no coinciden con las acciones, recordamos la advertencia del Benemérito de las Américas: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos lo traicionan. Nos referimos concretamente al “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, que está contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2024, y que remite a la Ley General de Derechos, que en palabras directas del gobernador:
[…] se busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios [privados]. e indirectamente a los municipios [el Estado], que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria, y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales.
En palabras lisas y llanas, quiere que las comuneras, comuneros, paguemos impuestos por las tierra que cuidamos, protegemos, que nos pertenecen; a cambio de esto, dicen, nos darán documentos que nos acreditarían como dueños, y que serán emitidos por la autoridad municipal, desconociendo totalmente a nuestras autoridades agrarias.
La supuesta certeza jurídica de dicho programa, es para las empresas. No nos dejemos engañar, las comuneras y comuneros YA contamos con certeza jurídica a través de las Constancias de Posesión. La propiedad comunal, brinda incluso mayor certeza jurídica que la propiedad privada, por lo siguiente:
Los Comisariados de Bienes Comunales, y los Consejo de Vigilancia, son válidos ante los procedimientos de gobernanza interna de las comunidades y ejidos o núcleos agrarios, como también por el Estado de acuerdo al artículo 27 Constitucional. Estas autoridades son las que emiten las Constancias de Posesión, que acreditan la propiedad de la persona comunera. Estos documentos no se le dan a cualquier persona, sino únicamente a aquellas que han cumplido con los procedimientos establecidos por la asamblea, y la costumbre de la comunidad.
La propiedad comunal es un Derecho Humano, asi lo concluyó este 15 de diciembre de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que le hace inembargable, inalienable, he imprescriptible tanto en el ámbito legal nacional, como internacional. Lo anterior, sumado a las garantías de protección al derecho de la propiedad de las personas comuneras, y núcleos agrarios a través la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de la Reforma Agraria, y de los Tribunales Agrarios.
En plena crisis climática, y en el contexto nacional de Delincuencia Organizada, la iniciativa el gobernador destruiría uno de los pocos modelos funcionales de justicia social, y ambiental en el mundo, lo cual sería un genocidio y un ecocidio, por lo siguiente:
La Sierra Juárez se encuentra entre las 5 áreas de mayor biodiversidad del mundo, gracias al resguardo comunal y autogestivo de los pueblos zapotecos, chinantecos, y mixes que cohabitamos en ella.
Somos una de las zonas más seguras del país, gracias a nuestro tejido comunitario basado en la propiedad común, y el ejercicio de la gobernanza comunitaria autónoma, que si bien es perfectible, garantiza una justicia social, que mantiene al margen a la Delincuencia Organizada.
La gentrificación, derivada de la construcción de inmobiliarias, condominios, industrias hoteleras, implicaría: convertir a nuestra gente en trabajadoras y trabajadores que dependerán de un salario para subsistir; extractivismo de materiales pétreos en ríos y montañas como materia prima para la construcción; la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico cuidadosamente resguardado, que data aproximadamente desde el año 300 a.c.
El riesgo de la contaminación del agua, y el suelo, derivado de la explotación de los bosques; la explotación de los materiales pétreos de ríos y montañas, la minería con sus desechos tóxicos;
La compraventa de tierras conllevaría la posibilidad de instalación de la delincuencia organizada, y lo que ello implica: desapariciones forzadas, trata de personas, ejecuciones extrajudiciales, cobro de la plaza, etc.
La propiedad privada, genera incapacidad de vigilar y accionar comunitariamente ante contextos de riesgo en nuestra región. No hay que olvidar a nivel regional ya han existido experiencias en las cuales han intentado infiltrarse en las comunidades.
El “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, se regula por Ley General de Derechos, la cual establece que los ejidos y comunidades a propiedad privada, estarán exentos de pago de impuesto de predial. Por lo que la supuesta finalidad de recaudación de fondos, resulta falsa, infundada, e improcedente. Debido a la discriminación, contribuciones económicas que los pueblos de la Sierra Juárez, y Oaxaca realizamos a la Federación, y al Estado, no son reconocidos, como tampoco se reflejan en la inversión social en nuestras comunidades. Mencionaremos algunos de los siguientes:
El plagio y extractivismo a nuestro patrimonio biocultural, es la base del ingreso turístico en Oaxaca, con esto, sostenemos económicamente a esta entidad federativa, que sostiene las millonarias ganancias de la industria del folklore (moda, gastronomía, medicina tradicional, bebidas ancestrales, entre otros)
Ahorro en salarios en la Guelaguetza, una fiesta que se ha convertido en explotación laboral de músicos, danzantes y sus pueblos, debido al esfuerzo personal, económico, comunitario y gratuito que conlleva para quienes participan.
La administración como intermediarios que SEMARNAT, CONAFOR y CONAGUA realizan de los pagos por servicios ambientales, que reciben las comunidades desde el ámbito internacional. Esto pese a que organismos como el Banco Mundial, han señalado que este pago tendría que ser directo hacia los pueblos originarios.
El Cobro por entrada a sitios arqueológicos, que son administrados por el Estado.
El ahorro de presupuesto estatal, y federal en la nula inversión en servicios públicos de salud, educación, o impartición de justicia.
Es hora que México sepa que es difícil vivir en Oaxaca, debido a un contexto de discriminación extrema por parte del Estado, subsanado a través del la gobernanza autónoma y gratuita de los miembros de nuestras comunidades bajo el sistema de cargos, el tequio, la gozona, el truque, la justicia restaurativa, la medicina tradicional, por ejemplo:
En la Sierra Juárez, hay un medico por cada 48,806 personas, desde hace más de 40 años, contamos únicamente con un solo hospital para 21 municipios y 186 localidades. Incapacitado para etender lesiones simples, careciendo de suministros, personal especializado, y humanizado. Pese a este contexto fuimos catalogados como zona libre de contagios durante la pandemia, gracias al cierre de nuestras fronteras, y ejercicio de la libre determinación, autonomía, información, y territorio. Esta realidad es la misma para toda la entidad federativa.
La completa ausencia de intérpretes o traductores, y médicos legistas, en las instituciones de administración e impartición de justicia.
El genocidio lingüístico a través de la tortura física, y psicológica contra nuestros padres, abuelos, y la niñez, por hablar nuestros idiomas originarios en las escuelas públicas.
En la industria de folklore, sólo es redituable hablar de fiesta, porque hablar de territorio, autonomía, y libre determinación, conlleva cuestionar el racismo, el control, el poder, y el sistema capitalista.
El 2024 es periodo electoral, sin embargo, los pueblos serranos nunca nos hemos organizado por partidos políticos, y podemos prescindir de éstos, porque hemos dado solución de nuestras necesidades, haya o no haya recursos monetarios de por medio. Hace algunas décadas, los Municipios comenzaron a recibir “apoyos”, del Estado mediante “los ramos”, ésto también ha conllevado una confrontación entre comunidades por los recursos, entre municipios y agencias; el dinero ha corrompido a algunos miembros de las comunidades, rompiendo su tejido comunitario. (no obstante, permitimos que vengan y realicen sus elecciones, aunque después se olviden de nosotros).
Hagamos memoria, todos los programas engañosos de certificación, siempre están encaminadas a dividir, para poder vencer. No olvidemos como las resoluciones presidenciales, el PROCEDE o FANART, el Tren Maya, han conllevado a conflictos territoriales entre comunidades. Por lo que CONVOCAMOS a los Núcleos Agrarios de la Sierra Juárez, y de Oaxaca, a organizarnos para manifestar nuestro descontento, y evitar este ecocidio-genocidio.
No deseamos un “reconocimiento”, no queremos que se legitimen tras el discurso de una “consulta” (que sólo son simulaciones que legitiman el poder y las decisiones sobre nuestras vidas y territorios). Les exigimos:
RESPETO a los estándares internacionales de derechos humanos hacia los pueblos originarios, siendo que la propiedad comunal, la autonomía, libre determinación, son derechos humanos fundamentales.
La DEROGACIÓN de “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”. Así como garantías para su NO repetición, mediante una agenda legislativa construida POR las comunidades.
La intervención inmediata de la Comunidad Internacional, como la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el Grupo de Trabajo sobre las Comunidades Indígenas, por el riesgo de genocidio cultural, y ecocidio, que representa el “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, en Oaxaca, México.
La intervención inmediata del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Procuraduría Agraria, por la invasión de competencias y trasgresión al Estado de Derecho.
Una disculpa pública, y de no realizarla, la renuncia del Gobernador Salomón Jara, ante el desconocimiento de la realidad, y necesidades de los pueblos originarios de Oaxaca.
Sabemos que para honrar la memoria del Lic. Benito Juárez, y de nuestra ancestralidad zapoteca no basta venir a rendir ofrendas cada 21 de marzo en San Pablo Guelatao, hace falta, que entre los individuos, como entre las naciones [incluidas las oriniarias], el respeto al derecho ajeno, sea la paz.