La organización civil México, ¿cómo vamos?, analizó los posibles o no beneficios de las iniciativas que difundió el Presidente López Obrador, indicando que los programas públicos sin recursos presupuestales no son viables en el fomento a la igualdad social.
Se informó que es loable que el discurso federal enfatice la importancia de derechos fundamentales para el progreso social como son atención médica universal y gratuita, derecho a la alimentación, vivienda, educación, medio ambiente sano y agua, sin embargo, las iniciativas no aterrizan sus esquemas de trabajo, presupuesto y otros aspectos que necesitan para operar en la realidad.
Entre algunos de los sectores que se pueden afectar por las reformas federales y con impacto inmediato en Querétaro, es la iniciativa sobre el uso del agua minimiza la preponderancia del uso del agua en el sector agrícola a nivel nacional y no considera otras soluciones para combatir la escasez de agua.
Para finales de enero del 2024, el Monitor de Sequía de México reportó que 1,070 municipios del país (el 43.3 por ciento del total) experimentan condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, afectando así a cerca del 47.5 por ciento de la población.
Cabe mencionar que casi un 90 por ciento del estado de Querétaro tiene algún grado de afectación por sequía y casi un 50 por ciento de la entidad padece una sequía excepcional con daños severos para la agricultura y ganadería.
Otro rubro que se identifica en riesgo es el acceso a servicios de salud y educación como las palancas del progreso social, ya que estos crean capacidades futuras para un crecimiento económico sostenido e incluyente.
De acuerdo con la última medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL se presentan estos hallazgos: Acceso a salud; El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2022 fue de 36.3 por ciento, una caída de 5.6 puntos porcentuales respecto a 2018. Sin embargo, 50.4 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud.
En población que padece de carencia de acceso a la salud, el estado de Querétaro, tiene a un 30.4 por ciento de sus habitantes en este problema; ubicándose en el sitio 13 de los 32 estados en materia de falta de salud.
En materia de rezago educativo, se tiene que medir y analizar la magnitud del rezago y abandono educativo debió ser una prioridad presupuestal para entender la evolución del progreso social tanto a nivel nacional como para cada una de las entidades federativas.
En Querétaro, se podría padecer por falta de presupuesto, adopción del nuevo esquema de educación federal, atención a la infraestructura escolar e incrementar el 17.6 por ciento de población en rezago escolar que tiene el Estado y que le ubican en el sitio 15 de las entidades del país.
La organización civil enfatizó que las reformas constitucionales requieren recursos públicos para poder convertirse en políticas públicas. El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Ejecutivo debe realizar una evaluación de impacto presupuestario de cada una de las iniciativas que presente al Congreso y, las iniciativas federales no tienen estudio de soporte.
Aunque, destaca la ausencia de una reforma que fortalezca la seguridad pública con mando civil y que esté fundamentada en la protección de los derechos humanos y enfocada en disminuir la violencia, tal como fue su compromiso de campaña hace 6 años.
Entre algunos de los puntos analizados se destaca que la eliminación de órganos autónomos reguladores y el Coneval, es una equivocación la eliminación de contrapesos institucionales merma la calidad de la democracia mexicana.
Si desaparecen los órganos autónomos, el gobierno se convierte en un ente regulador, el ejecutor del presupuesto público y en algunos casos también un competidor. En ese caso, su labor carecería de autonomía, imposibilitando el cumplimiento del mandato que ahora tienen los organismos autónomos. En otras palabras, sería equivalente a ser juez y parte, lo cual tiene implicaciones:
No se puede garantizar el eficiente desarrollo de mercados y la promoción de la libre competencia si desaparecen la COFECE y el IFT.
No se puede evaluar objetivamente el impacto de los programas sociales y estimar los distintos tipos de pobreza si desaparece el CONEVAL. En su caso, no basta con asignar más recursos adicionales al INEGI para que realice las labores del CONEVAL, sino que debiera revisarse el mandato y diseño institucional del Instituto.
Si desaparecen la CRE y la CNH, el mercado energético podría enfrentar retos que mermarían el crecimiento del país. Ambos son reguladores que requieren de un alto conocimiento técnico y de autonomía en sus decisiones, así como independencia de las agendas políticas de corto plazo.