Debido a las características del mercado laboral mexicano, donde impera la informalidad y trabajos que requiere obligatoriamente la presencia de individuos (como son el sector servicios e industria pesada, por citar dos casos), aunado a la poca facilidad de acceso a nuevas tecnologías, provocan que sólo uno de cada 4 empleos en el país, tengan posibilidad de efectuar el home office.
Esta brecha no es exclusiva de un país o una región, se ha dado a nivel global; sin embargo, los países menos desarrollados son quienes más padecen. El informe ¿Cuántos trabajos pueden hacerse desde casa?, realizado por la Universidad de Chicago, estima que en México sólo el 25 por ciento de los trabajos pueden realizar home office, a comparación de naciones como Estados Unidos (37 por ciento) y Suiza y Reino Unidos (ambos 40 por ciento).
De acuerdo con la investigación, realizada principalmente con datos de Estados Unidos, en dicho país 37% de los empleos puede llevarse a cabo vía remota. Además, los trabajadores en posibilidad de laborar desde sus hogares generalmente son quienes tienen mayores salarios.
De hecho, si se sumaran los salarios de todas las personas, quienes pueden hacer home office estarían ganando el 46% de esa cantidad, al menos en Estados Unidos. Es decir, quienes menos ganan son quienes tienen que salir a las calles.
Los cinco sectores que más tienen posibilidad de realizarse desde casa son: servicios educativos; servicios profesionales, científicos y técnicos; gestión de empresas y emprendimientos; finanzas y seguros e; información.
Mientras que los cinco trabajos que no pueden hacerse vía remota son: transporte y almacenamiento; construcción; retail; agricultura, silvicultura, pesca y caza y; servicios de alojamiento y alimentación.
“Para determinar la proporción de trabajos que se podrían realizar en casa es un insumo importante para predecir el desempeño de la economía durante este o períodos posteriores de distanciamiento social”, refiere el estudio.
De acuerdo a la CEPAL, la probabilidad de hacer home office para sectores mejor pagados del mercado como los servicios profesionales, científicos, educativos y financieros es superior al 80 por ciento, mientras que en la industria manufacturera o construcción, las posibilidades de hacer trabajo en casa son menores al 5 por ciento.
Andrea Rojas, head de Recursos Humanos (RRHH) en la plataforma de recursos humanos “Runa”, declaró que “la importancia de detectar esta brecha también radica en que tanto empresas como gobierno centren sus esfuerzos y colaboren para reducir el impacto del COVID-19 y crear empresas más sólidas, trabajadores con mejores condiciones laborales y economías más resilientes ante la crisis”.
A pesar de las múltiples ventajas que el home office está ofreciendo en esta pandemia, también ha evidenciado una enorme situación de desigualdad entre los trabajadores que pueden realizar sus labores desde casa y aquellos que no pueden hacerlo por falta de acceso a la tecnología.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló durante el Informe especial COVID-19 No. 7, que a pesar de que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia, “las brechas de acceso condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas”, ya que sólo los trabajadores con mayor estrato social tienen acceso a estas tecnologías.
De acuerdo con la CEPAL, las familias con menos recursos destinan un porcentaje importante de sus ingresos para cubrir el costo del servicio de banda ancha móvil y fija, que se estima que es de entre 12 y hasta 14 por ciento de sus ingresos.
Además de estas problemáticas, cabe destacar que debido a la dinámica misma de empleo, una buena parte de los trabajadores no pueden realizar sus actividades desde casa, como aquellos que dependen de la interacción física o el sector del comercio informal.
La CEPAL ha señalado la necesidad de atacar la informalidad y proteger a esos trabajadores incorporándolos al sistema formal, permitiéndoles el acceso a los esquemas de salud y brindándoles mejores condiciones laborales.