La electricidad es un insumo esencial que determina la productividad y competitividad de una economía, así como el bienestar de las familias. Evidentemente esto se logra cuando toda la cadena, desde la generación hasta el uso final, están bien coordinadas y cuentan con los incentivos para la productividad y la innovación, detalla el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Después de poco más de cinco décadas en que el sector eléctrico operó como un monopolio del estado. En 2013 se llevó a cabo la reforma del sector eléctrico que reiteraba el control del sector público en materia de planeación del sistema eléctrico y del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, pero abría la participación privada.
No hay duda de que esto era adecuado desde el punto de vista de las buenas prácticas aceptadas y adoptadas internacional y simultáneamente respetaba la existencia de la CFE, asignándole un papel central con el nuevo sistema.
Sin embargo, con la entrada de la nueva administración en 2019, la política energética enfrentó cambios regulatorios significativos que, además de modificar las reglas del juego, atentó contra la inversión privada dada la incertidumbre en materia del respeto de los contratos.
Las medidas en contra de la participación privada en el sector eléctrico reflejaban el deseo del gobierno de retomar el control de aquellos sectores que consideraba exclusivos del estado.
En febrero del 2021 se aprobó la Ley Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que el estado retomara el control del sector y reducir la participación privada. La ley favorecía el despacho de las plantas estatales de generación eléctrica y limitaba la venta de energía de proyectos privados, además de que vulneraba los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.
Los amparos contra la “contra-reforma” eléctrica finalmente se dirimieron cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló, señalando que “la Reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, en cuanto introduce nuevas reglas en el orden del despacho de energía, en la forma de asignación de los contratos eléctricos y en el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.
El CCE indica que el sector privado es el principal aliado del gobierno en materia de crecimiento económico. Como en la mayoría de los países, la principal fuente de riqueza, crecimiento y generación de empleos se concentra en la actividad del sector privado.
Es evidente que para que la inversión impulsada por el TMEC y por la relocalización propicie mayor valor agregado nacional y una mayor demanda y más esparcida geográficamente a lo largo del país se requieren políticas que propicien un entorno de certidumbre, incluida la regulación pro-competitiva del sector eléctrico.
En este contexto, el CCE considera que el fallo de la Corte resalta la vigencia de una política de energía más eficiente, que garantiza la seguridad en la generación, transmisión y distribución de electricidad y la disponibilidad de hidrocarburos a lo largo de todo el territorio nacional a un menor costo ambiental.
Se evidenció que suponer que el gobierno puede ser autosuficiente para operar y financiar el desarrollo del sistema eléctrico, en particular, y del sector energético, en general, implica serios riesgos para el país. Se debe tener en cuenta que para ello requiere de una gran cantidad de recursos que el erario no tiene y que las fuentes de recursos públicos están comprometidas en programas sociales.