La organización Redes del Agua informó que en México, menos del 50 por ciento de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua. Siendo las comunidades rurales, indígenas y periurbanas, las que enfrentan las mayores dificultades para acceder al agua y a instalaciones sanitarias dignas.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), señalan que la pobreza hídrica se exacerba en localidades rurales y periurbanas, siendo Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los que cuentan con menor porcentaje de población con suministro diario de agua en la vivienda.
Por ello, la inversión de la nueva administración federal debe ser una de las fuentes de recursos primordiales para cerrar la brecha de desigualdad entre poblaciones rurales y urbanas, así como entre el norte y el sureste del país.
Según la última encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares (2022), si bien el 95 por ciento de la población cuenta con infraestructura de agua potable y saneamiento básico, solo el 59 por ciento recibe agua diariamente y cuenta con saneamiento mejorado.
Pero en estos promedios se esconden las grandes desigualdades y contrastes: por ejemplo, en Nuevo León, el indicador es de 94 por ciento, mientras que en Guerrero es de 15 por ciento.
Por ende se declaró que es prioritario garantizar los Derechos Humanos al Agua y se hizo una petición a Claudia Sheinbaum, Presidenta electa, y Alicia Bárcena, futura Secretaria de Medio Ambiente, para que incorporen de forma prioritaria en su plan de gobierno la atención a la crisis en la gestión del agua.
Se dieron a conocer una serie de líneas de acción a ser implementadas por el siguiente gobierno federal: el Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos al agua; inversión prioritaria focalizada para cerrar la brecha de desigualdad en el acceso al agua.
Garantizar la calidad del agua para proteger la salud; gestionar de forma circular el agua y de forma eficiente los servicios de agua; y fortalecer las instituciones públicas con vigilancia ciudadana para asegurar el agua como bien común.