México está enfrentando problemas de electricidad derivados de una mala gestión de producción y distribución de la energía para abastecer las necesidades de un país entero. Para atender dicha realidad, el gobierno ofrece subsidios a través de la Comisión Federal de Electricidad, un criterio que limita la ayuda que reciben los usuarios que tienen mayor necesidad.
La Comisión Federal de Electricidad ofrece subsidios a 42 de los 48 millones de usuarios en el país, el equivalente al 88 por ciento de todos los contratos de la CFE. Este apoyo va dirigido a los usuarios que gastan menos del límite de consumo de 250 kWh al mes, y no a quienes más lo necesitan.
Es común que usuarios que cuentan con recursos económicos y que viven en zonas premium de la ciudad reciban estos descuentos en la tarifa de luz. En 2023, estos subsidios representaron una pérdida de 103 mil millones de pesos anuales por parte de la CFE, un costo que absorben los contribuyentes a través de sus impuestos.
Otra problemática importante en nuestro país es la falta de producción de energía suficiente para soportar una demanda en continuo crecimiento, y una red de distribución anticuada y obsoleta, incapaz de sostener la exigencia de ciudades enteras.
Sin embargo, la modernización de las redes de distribución requiere de una inversión de capital importante, analistas han calculado este costo en alrededor de 40 mil millones de pesos, además de un proceso largo para llevarla a cabo. Por lo tanto, la optimización del sistema en el que actualmente se opera es poco viable en el corto plazo.
La implementación de una transición energética en el país, como la que comienza a presentarse en diferentes regiones del mundo, tiene como objetivo reemplazar paulatinamente la producción y el consumo de combustibles fósiles por energías verdes. Dentro de esta transición, una alternativa viable y accesible son las comunidades solares, una forma de generar energía dentro de un área especifica del que se ven beneficiados un grupo de personas.
Las comunidades solares implican la instalación de paneles solares en techos y azoteas de edificios y viviendas, en el que todos los miembros pueden beneficiarse de la energía solar generada. Como resultado, la energía generada además de ser limpia y renovable, es más accesible para todos los involucrados al dividir el costo de su producción, una potencial reducción de entre el 5 y 20 por ciento del costo de la tarifa de un usuario promedio.
Estos sistemas solares compartidos resuelven el problema que pueda tener una sola persona con la instalación de paneles solares en un espacio restringido como un departamento en la ciudad, mediante la colocación de estos paneles en un espacio común y dar acceso a su energía a comunidades completas. Esta posibilidad incrementa exponencialmente el potencial de adopción de energías verdes.
Las comunidades solares resuelven las problemáticas actuales mencionadas arriba al ofrecer una producción suficiente y una distribución adecuada para un importante grupo de personas de un barrio, una ciudad o un estado. Al mismo tiempo que la producción y el gasto energético dejan de representar un costo tan alto para el estado y para los impuestos de los ciudadanos.
Los sistemas solares comunitarios permiten incrementar la producción energética a expensas del sector privado, sin necesidad de realizar una inversión. Aunado a estos beneficios, las comunidades solares también permiten aligerar la carga en la red de distribución gracias a que la instalación de sistemas solares se hace a nivel local, lo que significa que podrían dar un respiro a la desgastada red eléctrica.
Actualmente existe una propuesta de ley que busca desplegar y almacenar energía solar mediante comunidades solares en nuestro país, sin embargo, la Comisión Reguladora de energía bloqueó dicha propuesta y la medida no ha avanzado en años. Habrá que esperar para conocer si logra obtener el respaldo necesario para avanzar y poder afirmar a México como uno de los pioneros en este tipo de alternativas a nivel internacional.