En 2024, México ha padecido una serie de apagones en distintas regiones del país que, en el fondo, más allá de eventos climáticos extremos, reflejan una realidad compleja, donde el Sistema Eléctrico Nacional empieza a tener problemas para satisfacer una demanda creciente.
La razón de fondo es la falta de inversión tanto en la capacidad de generación como en las redes eléctricas.
Actualmente, en México la demanda crece de forma sostenida, mientras que la oferta no ha aumentado al mismo ritmo, lo que pone en riesgo la seguridad energética del país. Para dimensionar los cambios en la inversión en generación eléctrica durante los últimos años, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los datos de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a generadores eléctricos públicos y privados, con el objetivo de cuantificar la evolución de las inversiones en nueva capacidad y analizar con mayor detalle las necesidades en las distintas áreas de México.
En este documento se evaluó la evolución de la capacidad de generación eléctrica a nivel regional entre 2013 y el primer semestre de 2024, a partir de las regiones en las que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) divide al país. Asimismo, se desglosa qué porcentaje de la generación corresponde a proyectos de energía limpia.
Entre 2013 y 2024, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas fueron las tres entidades donde se otorgaron más permisos para instalar nueva capacidad de generación eléctrica. Sonora está a la cabeza con 5 mil 375.7 nuevos MW autorizados, seguido de Nuevo León con 5 mil 066.8 y de Tamaulipas con 3 mil 797.7. Por su parte, Guerrero y Colima no recibieron nuevas autorizaciones para instalar capacidad, mientras que Michoacán 23 MW, seguido de Nayarit con 52 MW y Chiapas con 61.3 MW.
México debe tener la capacidad de mantener un suministro eléctrico confiable y reaccionar de forma eficiente ante cambios abruptos en la oferta y demanda con infraestructura suficiente y en condiciones óptimas para la generación, transmisión y distribución de electricidad, es decir, garantizar su seguridad energética.
Es importante precisar que no es indispensable que todas las regiones eléctricas tengan mayor capacidad de generación que de demanda eléctrica. Lo relevante es la seguridad energética.
En julio de 2024, la capacidad de generación eléctrica autorizada por la CRE en operación ascendió a 103 mil 215 megawatts (MW), mientras que la capacidad en construcción o desarrollo fue de 18 mil 320.39 MW.
El análisis de los datos revela que existen diferencias notorias entre la cantidad de nuevos MW autorizados e inversiones estimadas en el periodo 2013-2018 comparado con 2019-2024. Este cambio, sumado al crecimiento de la demanda y la falta de inversión en las redes eléctricas, explica que los problemas del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer las necesidades de consumo en el país sean cada vez más agudos.
Entre 2013 y 2024, se autorizó la instalación de nuevas centrales eléctricas por un total de 49 mil 164.5 nuevos MW en territorio nacional. De este total, en julio de 2024, 30 mil 986.7 MW (63%) se encontraban en operación, el resto en construcción o por iniciar obras.2 De esta cantidad, 27 mil 838 MW corresponden a permisos otorgados entre 2013 y 2018, mientras que 3 mil 149 a permisos otorgados entre 2019 y 2024.
Se observa que la inversión autorizada entre 2019 y 2024 corresponde únicamente a 24.5% de la inversión autorizada en el periodo 2013-2018. Por su parte, la nueva capacidad autorizada sigue un comportamiento similar, los nuevos MW aprobados entre 2019 y 2024 representan 30% de los autorizados en el periodo 2013-2018.
El acceso a electricidad confiable, a precios competitivos y limpia es un precursor para generar, atraer y retener inversiones y talento, especialmente en un contexto de regionalización de las cadenas productivas y de electrificación de las actividades económicas.
Con excepción de Baja California y Baja California Sur, comparativamente pequeñas, en el resto de las regiones se observa una reducción significativa tanto en montos de inversión como en nueva capacidad autorizada.
La demanda eléctrica crecerá en los años por venir, en este sentido es indispensable que el gobierno entrante aproveche todas las posibilidades a su alcance para acelerar el despliegue de nueva capacidad de generación con la menor huella de carbono posible y sin que esto se refleje en presiones para las finanzas públicas. En el fondo, se trata de una cuestión de bienestar, competitividad, desarrollo, medio ambiente y seguridad nacional.
Por ello, el IMCO Propone: Garantizar la independencia del regulador tanto del Gobierno Federal como de privados; Permitir las asociaciones de la CFE con privados para proyectos de generación eléctrica; Fortalecer a las agencias estatales de energía como promotores de inversiones en generación eléctrica en las entidades federativas.