La presentación del Paquete Económico 2025 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público brinda una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta México en el ámbito económico y social.
Se reconoce el esfuerzo por no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes, así como por reducir el déficit fiscal. No obstante, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señala la importancia de establecer supuestos más realistas que tomen en cuenta el contexto económico actual del país.
En cuanto al gasto público, se observa una reducción real del 1.9 por ciento respecto a 2024, lo que limita la capacidad de inversión en áreas prioritarias. La disminución de recursos en ramos clave la Secretaría de Educación Pública, la de Salud, la de Economía y la de Seguridad y Protección Ciudadana resulta preocupante, especialmente en un contexto donde las necesidades sociales y económicas demandan mayor atención.
Estas reducciones generan incertidumbre sobre la eficiencia del gobierno de implementar con éxito las estrategias necesarias para el bienestar de la población.
La inversión pública prevista, equivalente al 2.8 por ciento del PIB, está lejos de la meta del 5 por ciento que permitiría detonar un crecimiento sostenido y fortalecer la infraestructura nacional. Además, preocupa que la deuda pública, supere el monto destinado a inversión, lo que implica que nos endeudaremos para cubrir gasto corriente.
Las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, en el rango del 2 al 3 por ciento, presentan una discrepancia con los pronósticos de diversos especialistas, que proyectan un crecimiento de entre 1.2 y 1.4 por ciento. Esta disparidad puede representar un riesgo para la viabilidad de las metas planteadas en el Paquete Económico, particularmente en lo que respecta a la reducción del déficit público y el nivel de ingresos tributarios esperados.
Resulta imperativo que el gobierno garantice cifras que reflejen con precisión la realidad económica para evitar ajustes drásticos durante el ejercicio fiscal.
Se reconoce el esfuerzo por mantener la disciplina fiscal y reducir el déficit presupuestal al 3.9 por ciento del PIB; sin embargo, este logro está condicionado a supuestos optimistas de ingresos. Se exhorta al gobierno a implementar medidas claras para fortalecer la recaudación sin afectar a los contribuyentes cumplidos y a priorizar el gasto en áreas que impulsen la productividad y reduzcan las desigualdades sociales.
Por otro lado, el recorte del 36.2 por ciento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), plantea un desafío importante en el combate a la inseguridad. Reducir recursos en este ámbito contradice los esfuerzos necesarios para fortalecer el estado de derecho, proteger a las familias y generar condiciones propicias para la inversión.