En torno a la inauguración de los tramos 6 y 7 del tren mal llamado ”maya”, Greenpeace México cuestiona:
Un megaproyecto que dice “proteger el medio ambiente” ¿cómo puede justificarse cuando ha deforestado más de 10 millones de árboles en cerca de 7,000 hectáreas? Para dimensionar esta deforestación, podemos imaginar 9,500 campos de fútbol juntos, o una extensión equivalente a 10 veces el bosque de Chapultepec. Pensemos esa imagen en una condición desértica. La creación de áreas protegidas no compensa el daño irreversible a ecosistemas únicos que han sido fragmentados. Personas expertas lo han sostenido en repetidas ocasiones y están dispuestas a reiterarlo.
¿Qué hay de “sustentable” en el turismo masivo? La sobreexplotación de la naturaleza y el desplazamiento de comunidades locales está a la orden del día por la voracidad inmobiliaria y los mega desarrollos turísticos. La Selva Maya se está talando a una velocidad de 190 hectáreas diarias. Su deforestación es promovida intensamente en el marco de la fiebre y trágica aspiración masiva de tener un airbnb como “inversión”. Los cambios de uso de suelo no paran, las privatizaciones de la tierra siguen y siguen.
¿A qué hora piensan escuchar a las comunidades indígenas? Dicen que el Tren Maya se construyó “con y para las comunidades”, pero las múltiples denuncias de pueblos indígenas sobre consultas irregulares, falta de consentimiento informado y afectaciones a sus territorios y formas de vida parecen estar humedeciéndose en alguna de sus gavetas. Es un excelente momento para sacarlas, colocarlas sobre la mesa y hablar de ellas.
¿El desarrollo y progreso del que tanto hablan para quién es exactamente? Más allá de las condiciones inseguras y temporales de los 600 mil trabajadores de la obra, ¿Qué beneficios reales están obteniendo estas comunidades más allá de empleos precarios en un proyecto que está destruyendo sus paisajes y modos de vida? ¿No es más bien otra de esas trampas que sólo terminan beneficiando a los mismos ricos de siempre?
¿Nos pueden explicar por qué más de la mitad de los recursos públicos etiquetados para mitigar y adaptarnos al cambio climático se fueron al tren? Y si a esto sumamos el recorte propuesto de casi 40 por ciento al presupuesto a la Semarnat, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir los objetivos ambientales y climáticos del país?
¿Hasta cuándo nuestro derecho al acceso a la información pública va a estar restringido por la militarización de la región y la famosa etiqueta de “seguridad nacional”? La militarización de la construcción y operación del Tren Maya plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia, rendición de cuentas y el creciente panorama de violaciones a los derechos humanos.
Entonces, ¿cuándo nos sentaremos comunidades, ciudadanía, expertos y gobiernos a hablar y trabajar para blindar la Selva Maya del peligro que la acecha?