Una investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C., señala que en México se observan considerables brechas de desarrollo entre las diversas regiones del país, lo que se refleja en una marcada disparidad en la movilidad social.
En los porcentajes de población que no tiene posibilidad de movilidad social se concentra mayormente en el sureste del país, que alcanza un 86 por ciento; dichas entidades son Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
Mientras que el estado de Querétaro se ubica en la segunda región del país, que tiene menos posibilidad de movilidad social, se estima que hasta un 68 por ciento de la gente no puede subir en estrato social; las entidades que le acompañan son Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y San Luis Potosí.
Por su parte, el occidente del país tiene un 62 por ciento de población sin movilidad social; el noroeste es del 58 por ciento y todas las entidades de la frontera norte con un 54 por ciento.
El documento señala que la coordinación fiscal entre las entidades federativas no ha logrado abordar eficazmente este problema, lo que resulta en un estancamiento persistente de la justicia social, el crecimiento económico y la cohesión social.
Para abordar este problema y promover una mayor movilidad social se requiere de fortalecer los criterios distributivos del gasto federal descentralizado para la reducción de las diferencias regionales en movilidad social.
Así como dedicar un mayor gasto público para reducir las brechas entre las regiones con distinta movilidad social e incrementar el nivel y la equidad de la recaudación dedicada al impulso regional de la movilidad social.
Dicha realidad, se estima se debe a las desigualdades en el desarrollo regional que obstaculizan la movilidad social como la inefectividad de la política fiscal para abordar el problema hacen necesarias reformas que consideren la coordinación, la asignación de recursos y la recaudación.
De no llevar a cabo este tipo de acciones, la tendencia que se ha observado en los últimos años no se revertirá; es decir, el sistema fiscal mexicano seguirá sin contribuir significativamente a reducir las disparidades regionales en el país. Conforme a ese escenario, el impuesto a la propiedad (en este caso, el predial) seguirá siendo un instrumento recaudatorio subutilizado.
Por el contrario, en caso de que se adopten las medidas aquí propuestas, habrá una serie de beneficios en distintas dimensiones. Por un lado, el sistema fiscal mexicano finalmente contribuirá a disminuir las amplias desigualdades regionales.
En la implementación del gasto para impulsar la movilidad social debe explorarse su asignación de acuerdo con los indicadores que, conforme a lo encontrado por otros estudios, están ligados a la falta de oportunidades para dicha movilidad, como el hacinamiento en las viviendas y el embarazo adolescente, además de las desventajas de salud, educativas y de pobreza en general que usualmente se consideran.
Hay que aclarar que el desarrollo regional y la movilidad social no solo dependen de la asignación del gasto público descentralizado, pues también intervienen, entre otros factores, la inversión pública y la privada en proyectos cuidadosamente planeados y ejecutados dentro de un marco regulatorio que proporcione certidumbre e incentivos a la actividad económica.
La baja recaudación de impuestos a la propiedad en México representa una oportunidad perdida para el desarrollo regional. Mientras que el país solo recaudó el 0.3 por ciento del PIB por este concepto en 2022, países como Chile y Colombia recaudaron el 1.22 y 1.53 por ciento respectivamente, y el promedio de la OCDE es del 1.9 por ciento.