La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) avaló el plan del gobierno federal de simplificar y digitalizar trámites burocráticos que facilitan la apertura de nuevos negocios en el país.
Se informó que en México, urge transformar la gestión pública y los trámites para hacerlos más eficientes, accesibles y transparentes. Por ello, se respalda toda iniciativa que busque reducir la carga burocrática, simplificar trámites y aprovechar la tecnología para facilitar la vida de las personas y de las empresas.
La COPARMEX informó que la nación requiere un gobierno más ágil y moderno, que es indispensable para detonar la inversión, y dinamizar los procesos productivos, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas de valor.
Es muy loable la propuesta federal que plantea una Ley Nacional orientada a digitalizar y simplificar hasta el 80 por ciento de los trámites en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo, bien ejecutado y voluntad política, puede representar un parteaguas en la relación entre ciudadanía y gobierno, y una oportunidad para reforzar el servicio público como instrumento para el desarrollo nacional inclusivo.
Sin embargo, para que esta estrategia tenga éxito, se deben asignar los recursos humanos y presupuestales suficientes para garantizar que los sistemas funcionen eficientemente, comenzando por corregir las fallas e “intermitencias” en diferentes dependencias del gobierno federal.
Aunque se criticó que genera inquietud que se pretenda sacrificar herramientas que han demostrado su efectividad para asegurar la transparencia y la calidad normativa; específicamente, mecanismos como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), la Consulta Pública y el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, pilares de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.
Eliminar estos instrumentos implicaría un grave retroceso que pone en riesgo años de avances construidos a partir del diálogo y la cooperación entre autoridades, ciudadanía y sector productivo.
La digitalización debe facilitar los trámites, sin sustituir la colaboración ciudadana ni disminuir los mecanismos de evaluación independientes. Por el contrario, debe reforzar la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas.