Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas en México.
Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal, como es la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior.
Como contexto general, se debe señalar que, del periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese número, casi un tercio fueron homicidios.
Al presentar el Informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ambientales en México en su edición 2020, CEMDA detalló que, en lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros.
Referente al tipo de agresión, por segundo año consecutivo desde el inicio de la presente administración federal, la agresión más frecuente ha sido el homicidio. En 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra llegó a 18. Cabe señalar que en diversos casos se identificó que, previo a su homicidio, las personas defensoras habían sido víctimas de otras agresiones como amenazas e inclusive desaparición. La segunda agresión, con un total de 16 casos (17.8%), corresponde a las amenazas.
Si bien México ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones para la prevención y protección de las y los defensores ambientales, ratificando el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú), -el cual establece el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales y así como un entorno seguro para ellas y ellos-, la grave situación de violencia a la que se enfrentan evidencia las falencias y retos pendientes de superar.
La indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal.