Para las Naciones Unidas, el establecer políticas oficiales donde los dineros y contratos públicos se otorguen de forma directa es una forma probada del aumento a la corrupción en diversas naciones y que en los últimos años, dicha política se ha consolidado en México.
El especialista en temas de anticorrupción Fernando Sentíes Palacio, indicó que debemos ser sinceros y aceptar que la pandemia frenó la aplicación de diversos mecanismos contra la corrupción en el mundo.
Lamentablemente, los países más corruptos tomaron al COVID-19 como un pretexto para potencializar las acciones de corrupción en su territorio, como es consolidar las políticas adjudicación directa de los contratos de gobierno, que se prestan a la corrupción y manejo ilegal de dineros públicos.
Detalló que en México se aprecia está realidad con el gobierno federal que ha otorgado contratos directos a familiares de personas que laboran en el gobierno de la 4T, realidad que se aprecia en las compras a sobreprecios de insumos, como sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En entrevista con este reportero, abundó que para diversos expertos de la ONU y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos califican de muy inadecuado que en México el poder se concentre en una sola persona y se busque debilitar a instituciones autónomas como es el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc.
Denunció que los regímenes autoritarios del continente como son Venezuela y Nicaragua, comenzaron su acaparamiento en el poder con acciones como las descritas; realidad que coloca en un listado de organismos internacionales a pueblos como México como una nación con tendencias autoritarias, a diferencia de Chile y Uruguay, que destacan por sus democracias más abiertas.
El también miembro del grupo “Anticorrupción”, con el objetivo de impulsar en el país los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que los especialistas de esta agrupación se encuentran en estos momentos en la conjunción de datos y establecer propuestas de solución que se requiere establecer para remediar este flagelo global.
Mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido minimizado en sus acciones como presupuesto de operación, debido a las políticas de la Federación, un ejemplo del olvido oficial a esta oficina es el atraso de meses para la designación de los ciudadanos de su comité directivo. “Falta voluntad política para atender la transparencia”, dijo.
Una gran diferencia se presenta con los sistemas estatales anticorrupción que han funcionado de forma correcta, como es el caso de Querétaro, Tamaulipas y Nuevo León, situación que ha impedido el otorgamiento de contratos públicos sin transparencia.
“Apreciamos un gran control de la corrupción en Querétaro derivado de la presencia de grandes corporativos globales que están sujetos a leyes internacionales y eso les obliga a actuar de forma correcta en donde colocan sus empresas”, indicó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020 del INEGI, Querétaro disminuyó 8.1 puntos porcentuales la percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción.
Mientras que el gobierno entrante de Mauricio Kuri, a través de la Secretaría de la Contraloría anunció que se actuará con efectividad contra toda acción de corrupción.
El especialista hizo un llamado para que los gobiernos estatales, la sociedad civil, las organizaciones sociales, etc., sean los frenos de mano de acciones de corrupción y protejan la independencia de organismos autónomos que se quieren cooptar en la 4T.
“Las elecciones de hace unos meses en México provocó que la Federación no tenga toda la libertad para cambiar las leyes y desaparecer organismos autónomos, sin embargo, no deben descuidarse las acciones de protección del INE, Cofece, etc., agregó que, actitud de ese tipo fueron de las acciones más enfáticas que se estableció Venezuela para desaparecer a las voces disidentes”, acotó.
DEBILITAR LA TRANSPARENCIA ABRE LA PUERTA AL NARCOTRÁFICO
El especialista certificado por la Academia de Policía del Justice Institute de British Columbia en Procesos de Investigación y Aplicación de Justicia, comentó que es muy notorio y alarmante que la falta de transparencia oficial sobre anticorrupción, pues con anunciar que “se acabaron los moches con el sector empresarial, es una buena acción, sin embargo, los funcionarios que gustan de involucrarse en la corrupción buscan un nuevo cliente para sus negocios ilegales”.
“En este caso, es el narcotráfico, quien está entrando al esquema de corrupción oficial y colocando a su gente en diversos puestos de gobierno. Esta realidad es dar un paso para adelante y dos para atrás”, puntualizó.
“Se hicieron diversas denuncias que el narcotráfico comenzaba a extender sus manos en las elecciones en 2018 y en este 2021 dicha situación fue más evidente; los principales señalamientos se dirigen a la injerencia de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa”, denunció.