En el Índice de Impunidad Ambiental 2020, un proyecto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Sistema de Inteligencia de Mercados y Opinión, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y Jenkins Graduate School, señala que el estado de Querétaro es la quinta entidad del país con menos impunidad en el sector de ecología a nivel nacional.
Este estudio académico tiene tres años de realizarse (2018, 2019 y 2020), en donde los
actuales cinco primeros sitios han sido movibles, en especial Durango (que en 2018 era el sitio 19), Morelos (en 2018 era sitio 6), Ciudad de México (en 2018 era sitio 2), Baja California (en 2018 era sitio 28) y Querétaro (en 2018 era sitio 15).
En las secciones que se miden en dicho estudio se señala que los mejores estados en Dimensión de capacidad institucional son Ciudad de México, Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, Chihuahua; en dicha categoría Querétaro es sitio 12.
En Dimensión de crimen ambiental, los primeros sitios son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco; en dicha categoría Querétaro es sitio 11.
En Dimensión de degradación ambiental, los mejores en su prevención son Zacatecas, Ciudad de México, Baja California Sur, Durango y Morelos; en este sector el estado de Querétaro se coloca en un alarmante sitio 25 de los 32 estados.
En Dimensión de estrategia intergeneracional, los mejores son Baja California, Quintana Roo, Morelos y Querétaro (ocupa el cuarto sitio, su mejor calificación).
Este proyecto se presentará en la cuarta edición del Foro de París sobre la Paz, donde se busca contribuir a minimizar el impacto ambiental en América Latina en un momento en el que cerrar las brechas que ha dejado la pandemia es más importante que nunca.
Las diez entidades con mejor desempeño, aunque no pueden catalogarse como ejemplo de impunidad baja, pues ninguna supera a al menos un valor de 2 sobre 4 puntos posibles. Son Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Baja California, Ciudad de México, Morelos y Durango.
Dicho documento señala que 15 entidades se ubican en situación de impunidad media, cerca del promedio nacional: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.
Para los expertos de la UDLAP, Celeste Cedillo, catedrática de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Juan Le Clercq, decano de Ciencia Política y coautor del Índice de Impunidad, no es posible implementar una política ambiental efectiva con capacidades y recursos institucionales tan limitados, tanto a nivel federal como estatal, pero mucho menos será posible hacer frente a las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático.
La investigadora denunció que falta voluntad a nivel federal y estatal para otorgar mayor presupuesto a los temas ambientales. “Aunque diversas entidades lideran las categorías señaladas, en general las cifras son malas, pues en general los mejores Estados tienen una puntuación de 2.31, cuando el máximo es 4 puntos”.
Por su parte, el profesor universitario declaró que el desempeño ambiental nacional es mediocre y se viola en derecho humano a un medio ambiente sano. “La información que logramos obtener fue diversa y la Federación presenta una gran inconsistencia en sus números; necesitamos un real censo en el país sobre la realidad de los ecosistemas”.
“El impacto de la pandemia dificultó la atención a la degradación ambiental; sin embargo, parece que fue espejismo el regreso de las especies a diversos ecosistemas con la cuarentena humana, pues en estos últimos meses se aprecia que el hombre regresa a sus viejas costumbres; un ejemplo es el alza de emisiones contaminantes en el planeta”.
Celeste Cedillo añadió que es una realidad que sin recursos económicos no se pueden preservar los ecosistemas y urge el trabajo en sinergia de todas las autoridades para frenar los problemas y la impunidad que se presenta en los ecosistemas.
En México el gasto público ejercido en conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el país se triplicó durante el periodo de 2006-2014, pues pasó de 6,600 millones en 2006 a 20,300 millones de pesos en 2014, lo que significó un crecimiento aproximado del 207%. Sin embargo, a partir de 2015 se observó un decremento real del 9%.
En México no hay suficientes acciones políticas que reflejen un verdadero compromiso con la protección al medioambiente. Un ejemplo claro es la reducción específica del presupuesto de gobierno destinado al Ramo 16 “medioambiente y recursos naturales”. Éste se redujo notablemente en el periodo de 2012 a 2019.
Además, la distribución del gasto ejercido por la Semarnat durante el periodo de 2012 y 2018 ha beneficiado en gran medida a la Comisión Nacional del Agua, mientras que el resto de los organismos se han repartido, en promedio, apenas el 17% del gasto federal.
De manera más específica en el caso de las áreas naturales protegidas en el noroeste del país, entre 2013-2017, de 26 áreas, el presupuesto se redujo un 76.3% en términos reales del presupuesto ejercido.
Tras el paso de la pandemia en 2020 pone de manifiesto que los países no cuentan con capacidades institucionales suficientes para enfrentar una situación de catástrofe o emergencia, incluyendo a los países más desarrollados, y que la cooperación internacional se moviliza con demasiada lentitud e ineficiencia como para generar una respuesta articulada.
Ante este reto, el Índice de Impunidad Ambiental es una herramienta cuantitativa que tiene como objetivo medir y evaluar la estructura y el funcionamiento de la capacidad institucional en asuntos relacionados con el medioambiente, los delitos que involucran el aspecto ambiental, así como la degradación y las políticas desarrolladas en el sector.
La intención de esta iniciativa es que sirva de diagnóstico para reconocer los problemas en distintas áreas que involucran al medioambiente. Esto representa un insumo de gran importancia para los tomadores de decisiones, ya que permite focalizar los esfuerzos y encontrar las áreas más vulnerables, y se fomenta el diseño de políticas públicas basadas en evidencia orientadas a garantizar tanto la protección del medioambiente como el disfrute al derecho a un medioambiente sano.
QUÉ ES EL FORO DE PARÍS
La UDLAP en colaboración con SIMO Consulting y FES Transformación, asistirán al Foro de París sobre la Paz, actividad que desde su creación ha acompañado cientos de proyectos que responden a los retos transfronterizos. Este año, no será la excepción, y en la cuarta edición del Foro se presentarán 80 proyectos, ocho de ellos latinoamericanos.
Cada año, desde 2018, la motivación por el fomento a las nuevas formas de diplomacia reúne en el Foro a Jefes de Estado, de Gobierno, y líderes de organismos internacionales, fundaciones, think tanks y empresas.
La sociedad civil mexicana también estará representada a través de la participación de Edna Jaime, vicepresidenta del Foro de París sobre la Paz y directora general de México Evalúa. El Índice de Impunidad Ambiental México 2020 puede consultarse en la página del CESIJ-UDLAP: https://www.udlap.mx/cesij/.